IEPS a los refrescos

Reforma / IMCO

Roberto Newell | @RobertoNewell

Una de las medidas económicas más polémicas que ha instrumentado el Gobierno federal fue la decisión de establecer un impuesto específico sobre los alimentos y bebidas con azúcar adicionada. En la exposición de motivos de esta reforma el Gobierno justificó la medida citando la relación que hay entre la elevada ingesta de refrescos azucarados y alimentos de alta densidad calórica y la alta prevalencia de obesidad en la población. El propósito que perseguía la reforma era inducir a las personas para que cambien sus hábitos de consumo.

La medida se debatió ampliamente. Muchas personas -me incluyo entre ellas- objetaron la medida puesto que con ella el Gobierno se entromete en decisiones de consumo que deberían ser enteramente personales. Otros percibieron que los efectos de la medida podían ser regresivos, perjudicando el bienestar de las personas que menos tienen. Finalmente, el Congreso federal autorizó al Ejecutivo para que éste instrumentara dos medidas fiscales que perseguían el fin de aumentar el precio de estos artículos para disuadir su consumo. A los refrescos endulzados con azúcar impuso un impuesto de un peso por litro, mientras que a los productos de alta densidad calórica estableció un impuesto ad valorem de 8 por ciento.

La reforma fiscal en cuestión se instrumentó en enero de 2014. Han pasado casi 2 años desde que adoptaron las nuevas, tiempo suficiente para evaluar los efectos de corto plazo de la reforma.

Tres econometristas* del ITAM se dieron a la tarea de evaluar el impacto de la reforma fiscal sobre las decisiones de consumo de las familias mexicanas. Para ello, crearon una base de datos detallada para evaluar el impacto de la reforma sobre las decisiones de consumo de las familias y la incidencia de obesidad en México. Esta columna no es un lugar apropiado para comentar su método analítico; basta decir que aplicaron métodos estadísticos avanzados que confieren alta confiabilidad a los resultados obtenidos.

Las conclusiones que aparecen a continuación son preliminares y corresponden al análisis detallado de un subconjunto de la muestra total. Sin embargo, los resultados obtenidos corresponden a la conducta de una muestra bastante grande y representativa de la población general. Consecuentemente, es probable que cuando se publiquen en un par de meses, los resultados finales no serán muy diferentes de los que aparecen a continuación:

1. Como era de esperarse, dada la experiencia de otros países instrumentando políticas similares a la adoptada por el Gobierno mexicano, la demanda de refrescos azucarados y de productos de alto contenido energético resulto insensible al aumento de precios. En la práctica, el principal efecto de la reforma fue incrementar el costo de la dieta de las familias mexicanas.

2. A pesar del hecho que los aumentos de precios fueron significativos (12-14 por ciento en el caso de los refrescos, 8 por ciento para los productos de alta densidad calórica y alrededor de 4 por ciento para la dieta total de las familias) los cambios inducidos de consumo fueron modestos. La sustitución de unos productos por otros de mayor calidad y precio más bajo fue pequeña. En la práctica, los principales efectos de la reforma fueron obligar a las familias mexicanas a dedicar un porcentaje más alto de sus ingresos a su alimentación y causar que se consumieran alrededor de 5 por ciento menos litros de refrescos. El cambio de consumo de productos de alta densidad calórica fue mucho menor.

3. El cambio de consumo de productos de alta densidad calórica fue mucho menor. De hecho, la cantidad total de calorías consumidas por los mexicanos casi no cambió (< 1 por ciento).

4. Consecuentemente, el cambio en el índice de obesidad fue nulo, de hecho, aumentó ligeramente de un año al otro.

5. Lo que sí cambió, fue la recaudación fiscal. Los ingresos del Gobierno crecieron 44 por ciento en el caso de los refrescos y 144 por ciento en el caso de los alimentos de alta densidad calórica.

En suma, a un año de haberse instrumentado el cambio, el objetivo expuesto por el Gobierno en su iniciativa de reforma no se logró, aunque indudablemente el nuevo régimen de IEPS resultó altamente remunerador para el Gobierno.

El problema de obesidad en México persiste. Para resolverlo, el Gobierno tendrá que instrumentar un portafolio de medidas mucho más amplio y de mayor impacto que la estrategia de impuestos a las calorías. En este caso, se cumplió lo que dicta el viejo adagio: “no hay tal cosa como una comida gratuita.”

*“Taxing Calories in Mexico, Preliminary and Incomplete Draft”, Arturo Aguilar, Emilio Gutiérrez, Enrique Seira, ITAM, 2015

Publicado por Reforma