
Lucía Pérez Moreno / Forbes
El que un estudiante pueda comprar un refresco en el campus universitario o tenga que salir a la calle para hacerlo depende de cada plantel escolar, dictaminó, en enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El esperado fallo dejó inconformes a todos. El embotellador que solicitó el amparo ya no podrá vender sus productos en ciertos planteles escolares, y los activistas a favor de un consumo más saludable perdieron un espacio libre de lo que llaman “productos chatarra”.
Este caso revela la complejidad de aplicar leyes, reglamentos y normativas que acompañan la Estrategia Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, aprobada en octubre de 2013, como resultado de una epidemia nacional.
Las organizaciones pro derecho a una mejor alimentación consideran que la Corte debió prohibir la venta de refrescos incluso en los planteles universitarios.